Las fiestas de fin de año, especialmente la Navidad, hace que la piratería se “institucionalice” a vista y paciencia de las autoridades encargadas del control de esta ilícita actividad.

Comenzando por discos compactos, libros, software, la adulteración de productos de marcas registradas abarrotan las ferias diseminadas por toda la ciudad, convirtiéndose en la característica propia de una economía en recesión que basa sus ingresos en el comercio informal.

El Tesoro General de la Nación (TGN) deja de percibir —solamente por la piratería discográfica— aproximadamente 14 millones de dólares por año, mientras que en el plagio de libros esta suma se hace incalculable.

Poco o casi nada pueden hacer las autoridades para evitar que esta actividad continúe en ascenso, pese a que se constituyó hace dos meses un Comité Interinstitucional integrado por los miembros de la Aduana, Corte Superior de Distrito, Impuestos Internos, Fiscalía, y otras organizaciones, ya que las leyes bolivianas se hallan atadas de manos, como lo reconoce la propia embajada estadounidense.

La máxima condena con que puede sancionar este delito el Código Penal es la privación de libertad de tres meses a dos años. Según se conoce, los comercializadores “piratas” tienen la facultad de pedir, de manera inmediata, la libertad provisional y someterse a medidas precautorias, dejando en nada la capacidad de sanción en contra de este delito flagrante.

LADRONES ONO PIRATAS

“En forma benigna se les llama piratas y nos estamos acostumbrando al término pirata como una cosa más o menos sofisticada, como debiéramos llamarlo es ladrón. Comete hurto quien copia ilegalmente software, quien copia una película o vídeo y sin invertir un peso se dedica a copiar ‘cedés’. Entonces, al ladrón, al que está cometiendo el delito de hurto, se lo tiene que sancionar severamente y no sólo en resguardo de nuestras leyes y nuestros intereses bolivianos”, explica Eduardo Ibáñez, gerente de la empresa discográfica Heriba.

Debido a la falta de leyes que sancionen esta actividad, se cierne sobre el país el permanente cuestionamiento de la Embajada de los Estados Unidos, a raíz de los tratados internacionales firmados y la condicionalidad de cumplir determinadas metas para acceder a sus mercados o créditos.